Derecho procesal civil y administrativo

Se refiere a la adecuada aplicación del conjunto de normas, reglas y principios que se relacionan con el ejercicio de la actividad jurisdiccional y administrativa del Estado; con el propósito de identificar mecanismos asertivos para ejercer derechos sustanciales, solucionar conflictos y, en general, materializar estrategias de defensa.

Jurisdicción Civil

Procesos declarativos

A través de un proceso verbal, verbal sumario, de expropiación, de deslinde y amojonamiento, divisorio o monitorio se solicita a la autoridad judicial, la declaración de existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica en controversia.

Procesos ejecutivos

Exige de su deudor, el cumplimiento de obligaciones claras, expresas y exigibles, sin que ello implique que de manera previa deba debatirse o declararse su existencia.

Procesos de liquidación

Mediante procesos de sucesión; liquidación de sociedad conyugal o patrimonial por causa distinta de la muerte; disolución, nulidad y liquidación de sociedades; partición de patrimonio en vida; e insolvencia de persona natural no comerciante, se determina la manera en la que debe realizarse la partición de bienes y consecuentemente, su titularidad.

Procesos de jurisdicción voluntaria

Diseñados para la protección de los derechos de las personas o solicitar una autorización judicial para disponer de los derechos de otros con quienes se tiene vínculos de parentesco o un deber legal de administración de sus bienes. Entre ellos, se encuentra la licencia que soliciten el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados, o para realizar otros actos que interesen a estos, en los casos en que el Código Civil u otras leyes la exijan; la licencia para la emancipación voluntaria; la designación de guardadores, consejeros a administradores; la declaración de ausencia, la declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento; la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender y su rehabilitación y de la inhabilitación de las personas con discapacidad relativa y su rehabilitación; la autorización requerida en caso de adopción; la autorización para levantar patrimonio de familia inembargable; cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente; el divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios; y la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel.

Jurisdicción Contencioso Administrativo

Nulidad por inconstitucionalidad

Busca declarar la nulidad de decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional y cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional, así como de actos de carácter general expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, en los que se configure una infracción directa de la Constitución.

Nulidad

Procede contra actos administrativos de carácter general, circulares de servicio y los actos de certificación y registro, en los casos en los que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió. Igualmente, podrá interponerse contra actos administrativos de carácter particular cuando con la demanda no se persiga el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, o se trate de recuperar bienes de uso público, o los efectos nocivos del acto administrativo, afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, o cuando así lo disponga expresamente la ley.

Nulidad y restablecimiento del derecho

A través de este medio de control se solicita la nulidad de un acto administrativo particular, expreso o presunto y se solicita el restablecimiento del derecho de la persona lesionada o la reparación del daño que se causó.

Reparación directa

Mediante el cual se solicita la declaración de responsabilidad del Estado y la reparación que se genere con ocasión del daño producido bien sea por un hecho, omisión, ocupación temporal o permanente de un inmueble o por cualquier causa imputable a una entidad pública.

Controversias contractuales

Se refiere a contratos con el Estado para obtener que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios , o para solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.

Repetición

Opera cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas.

Protección de los derechos e intereses colectivos

Tiene como propósito evitar el daño contingente sobre los derechos colectivos y, en caso de haberse ya producido, restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible.

Reparación del daño causado a un grupo

Busca la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo.

Control por vía de excepción

A petición de parte, podrá solicitarse la no aplicación de actos administrativos, cuando se advierta que éstos vulneran la Constitución Política y la ley.

Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado

Consiste en la solicitud que eleve el interesado al Consejo de Estado para extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial, cuando los supuestos fácticos y jurídicos son iguales a los de la sentencia cuya extensión se requiere.

Procedimiento administrativo sancionatorio

Corresponde a aquellas actuaciones que adelanten las autoridades administrativas para ejercer su potestad sancionadora.

Respecto de cada una de estás vías, nuestra firma de abogados cuenta con profesionales expertos, que gozan de amplia experiencia frente al tema; siendo para G&C Abogados SAS su prioridad, la diligencia en cada una de las actuaciones en las que ejerza su representación, así como la formulación de un eficaz ejercicio dinámico entre los aspectos procesales y sustanciales de cada caso para determinar una adecuada estrategia de defensa.

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